El coronavirus está cambiando nuestro mundo de una manera que nunca hubiésemos imaginado. Y de todas sus durísimas consecuencias, las vidas que ha arrebatado son, sin duda, el tributo más amargo y doloroso. Unas vidas que sobre todo pertenecían a nuestros mayores, a la generación de españoles que, con su trabajo y sacrificio, levantó nuestro país hasta convertirlo en una de las más grandes y prósperas democracias del mundo. España tiene con ellos una deuda eterna de gratitud y reconocimiento que nunca prescribirá.
Ante la dantesca situación que los españoles estamos viviendo, la única receta del Gobierno es prorrogar el estado de alarma. El presidente Sánchez dice que no hay plan B. Una vez más: falta de previsión, una gestión basada en la improvisación y, por tanto, con graves errores y falta de comunicación, por no hablar de propaganda constante. Pero claro que hay plan B, un plan que sería el mejor plan A posible en estos momentos y que Pablo Casado le ha ofrecido al Gobierno. Un plan que sustituiría el estado de alarma por la aplicación del ordenamiento jurídico en vigor, que permite mantener el mando único sanitario y la limitación de movilidad sin alargar una excepcionalidad abusiva, que votaremos en contra si Sánchez la propone en 15 días.
En concreto, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley General de Salud Pública, el Reglamento para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin olvidar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid referida a la cuestión del perro Excalibur.
Una salida que se gestionaría de la mano de las comunidades autónomas. Sobre todo, cuando han demostrado que siempre han ido por delante del Gobierno en esta crisis abriendo camino.
Siempre lo hemos dicho: el desconfinamiento debe basarse en información, y sólo los test nos permiten dibujar escenarios con certezas para conocer la magnitud de la pandemia y los pasos a seguir para superarla.
Pero el Gobierno no ha querido escuchar al Partido Popular, ha preferido la comodidad de seguir prorrogando un estado de alarma que, más allá de la emergencia sanitaria, le permite licencias inasumibles, como suspender el Portal de la Transparencia, limitar la actividad del Congreso o sentar a Pablo Iglesias en el CNI.
Y frente a un Gobierno que lanza órdagos más propios del absolutismo y que prioriza la propaganda a la gestión, el Partido Popular antepone siempre el interés general de España, el único imperativo al que estamos supeditados. Los casi 26.000 fallecidos colocan a España en una triste cuarta posición mundial y en el segundo puesto en número de muertos por millón de habitantes. Y los más de 43.000 profesionales sanitarios contagiados hacen que España sea la primera en este ránking. Son cifras dramáticas. Y acabar con el aumento de estas cifras, nuestro principal objetivo. Lo urgente siempre lo primero.
Cataclismo económico
Pero lo importante también es una prioridad y una emergencia. Me refiero a nuestra economía. El Plan de Estabilidad que el Gobierno ha remitido a Europa dibuja un auténtico cataclismo económico, con una caída del PIB del 9,2% y una tasa de desempleo del 19% este año. Y la Comisión Europea pronostica que seremos el país europeo con más paro y déficit en 2021. Los datos del paro que conocimos el martes, con casi 300.000 desempleados más, son sencillamente demoledores.
"No vamos a dejar a nadie atrás", dice la propaganda del Gobierno. Otro bulo. La realidad es que cerca de un millón de trabajadores no cobrarán sus prestaciones por ERTE hasta junio y los avales del ICO siguen sin llegar del todo a las empresas. A día de hoy, y tras casi dos meses en estado de alerta, sólo el 27% de los 100.000 millones de euros prometidos.
Sin embargo, aplaudimos que haya incorporado nuestra enmienda en el Congreso de los Diputados para desvincular los ERTE y las ayudas a autónomos y pymes del estado de alarma. Sólo con liquidez protegeremos a pymes y autónomos, que son los que de verdad crean empleo. En España, salvar a pymes y autónomos es salvar millones de empleos, la mejor política social que existe.
Y, por último, le pedimos al Gobierno que brinde un apoyo especial a los sectores más afectados. Unos sectores que viven en un océano de incertidumbre y que no están para aguantar las frivolidades de ninguna ministra: si bares, cines y hoteles no abren hasta finales de año, el Gobierno cerrará antes.
La situación que atraviesa España es muy complicada, por eso el PP trabajará sin descanso para la recuperación de nuestro país. El problema es que la política económica del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias se basa en una triple piedra filosofal: disparar el gasto público, subir impuestos y derogar la reforma laboral del PP. Una política que, si antes era temeraria, ahora es sencillamente suicida.
En esta hora terrible que los españoles estamos viviendo, solo hay dos caminos. Uno, el que anunció Sánchez en su investidura, que nos llevaría al abismo. Otro, el de una política económica seria y rigurosa, que permitiría que a España nadie le arrebatase su futuro.