La vivienda es una de las necesidades básicas y un derecho fundamental de cualquier ciudadano. Sin embargo, hoy día la crisis económica ha provocado que este se convierta en uno de los problemas más importantes al que debemos enfrentarnos. Es fundamental legislar para evitar que sigan existiendo viviendas vacías en nuestro país, que no salen al mercado de alquiler por incertidumbre del arrendador o por las trabas que pudieran recaer sobre el inquilino a la hora de rescindir dicho contrato.
Con la legislación que el gobierno ha puesto encima de la mesa, se busca potenciar el mercado de la vivienda en alquiler en España. Teniendo en cuenta que somos el país con el menor parque de viviendas de este tipo de toda la Unión Europea, se hace necesario impulsar normas que incentiven el crecimiento de esta oferta. Los cambios que se introducen servirán para reformar aquellos elementos del marco jurídico actual que impiden un funcionamiento dinámico del mercado de vivienda en alquiler.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el llamado proyecto de ley de Flexibilización de Medidas del Mercado de Alquiler, cuyo objetivo es dinamizar
y dotar de mayor seguridad jurídica al mercado del alquiler. Esta legislación tendrá una repercusión directa sobre los ciudadanos aumentando el stock de viviendas en alquiler disponibles, dotando
de mayor seguridad jurídica al arrendador y al inquilino, al tiempo que se clarifican aspectos clave para potenciar el alquiler de vivienda en España.
Con esta nueva ley de arrendamientos, se conseguirá dinamizar el mercado de alquiler reforzando la seguridad jurídica de los contratos. En concreto, se potenciará el alquiler con el objetivo de
converger con la media europea. En España, sólo el 17% de la población vive en alquiler, casi la mitad de la media de la unión europea que se sitúa en un 30% según
los datos de Eurostat.
Si tenemos en cuenta que en España disponemos de un parque de viviendas de 25 millones y tan sólo 1,8 millones corresponden a viviendas de alquiler, mientras
que hay más de tres millones de viviendas vacías. El análisis de la situación actual revela que el mercado del alquiler en España no constituye hoy una alternativa eficaz al mercado
de la propiedad. Por este motivo, según el Gobierno, resulta necesario reformar aquellos elementos del marco jurídico y fiscal actual que impiden un funcionamiento dinámico del mercado de
vivienda de alquiler.
Es necesario flexibilizar el mercado del alquiler, y para ello lo primero es crear un marco legal estable que lo permita. Para aumentar la seguridad jurídica tanto del arrendador como del inquilino, el gobierno ha puesto en marcha nueva legislación que incentive al propietario a poner su vivienda vacía en alquiler sin miedo a quedar desamparado jurídicamente, y por otro lado permita al inquilino alquilar disponiendo de más seguridad jurídica y una mayor oferta de alquiler en el mercado.
Por una parte, el arrendador tendrá más facilidades para recuperar la vivienda a partir del primer año y primará la libertad de ambas partes para fijar la renta. Introduce medidas en el ámbito fiscal modificando el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario que fueron creadas en el 2009, cuyo régimen jurídico se ha comprobado inoperante. Además, se reducirán las prórrogas de los contratos de arrendamiento para permitir que propietarios e inquilinos puedan adaptarse de una forma fácil y rápida a los cambios que pudieran surgir en sus circunstancias personales que hagan que necesite la vivienda. Esta norma contempla incluso la posibilidad de comenzar un proceso judicial acelerado en casos de impago no justificado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos de arrendador e inquilino. Por último, cabe destacar que el gobierno ha considerado que el inquilino debe poder abandonar la vivienda sin penalización económica avisando con un mes de antelación, eliminando la situación actual en la que podría hacerlo pagando una compensación económica al arrendador. Además, y para incentivar la adquisición de activos inmobiliarios se establece, en el Real Decreto Ley sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, una exención del 50 por 100 de las rentas derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos que sean adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que no exista vinculación entre las partes.
Esta legislación, cumplirá una gran labor basada en el espíritu que la impulsó: Dinamizar el mercado del alquiler de viviendas mediante su flexibilización con una reducción de los plazos de duración del contrato y mejora de la seguridad jurídica a través de la inscripción registral de los arrendamientos.